Derecho Administrativo

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ACCIONES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Éste medio de control judicial se encuentra regulada en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo en los siguientes términos “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en Fc Porto Kits tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

La norma anteriormente citada se refiere a que es un derecho que posee el ciudadano tendiente en solicitar ante la jurisdicción contenciosa administrativa y mediante una acción judicial la nulidad de un acto administrativo, el cual es contrario al ordenamiento jurídico;  igualmente podrá solicitarse la reparación de indemnización del perjuicio causado al derecho o bien jurídico que legalmente ha sido reconocido

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ACCIONES DE REPARACIÓN DIRECTA

 Éste medio de control judicial, fue creada con el fin de prevenir algunos daños causados por las autoridades públicas, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo en su artículo 140 establece:

En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.

Lo anterior implica que a través de ésta acción judicial puede conseguirse la reparación por parte del Estado, sin que medie pretensión de nulidad al tratarse ya no de Actos Administrativos, sino la prueba de acciones u omisiones por parte de las autoridades públicas que le generen un perjuicio al particular.

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